Las declaraciones del gobernador sobre el destino de los activos de la petrolera abrieron un fuerte debate en Comodoro, donde distintos sectores sostienen que existe una confusión entre los bienes vinculados a la explotación y el patrimonio histórico de la ciudad.
Las declaraciones del gobernador Ignacio Torres respecto a que impulsará una ley para que los bienes de YPF «queden para los comodorenses y no para la Municipalidad» generaron cuestionamientos en sectores políticos y vinculados a la actividad petrolera, que consideran que sus expresiones reflejan un desconocimiento sobre el funcionamiento de la industria y el marco legal que regula esos activos.
El eje de la discusión pasa por diferenciar los bienes necesarios para la explotación hidrocarburífera de aquellos inmuebles e instalaciones que forman parte del patrimonio histórico, social y cultural construido durante más de un siglo de actividad petrolera en Comodoro Rivadavia.
Para quienes siguen de cerca la realidad de la cuenca del Golfo San Jorge, plantear el debate únicamente como una disputa entre la Provincia y el Municipio simplifica una situación mucho más compleja, que involucra derechos adquiridos, convenios de transferencia, patrimonio histórico y la participación de la comunidad local.
También remarcan que buena parte de los reclamos actuales no están vinculados únicamente a la titularidad de los bienes, sino a garantizar que esos activos permanezcan al servicio de la comunidad y no terminen formando parte de negociaciones alejadas de los intereses locales.
El debate se da además en un contexto marcado por la discusión sobre los pasivos ambientales dejados por YPF tras su retiro de las áreas maduras de la cuenca, otro de los temas que sectores políticos y sociales consideran prioritarios para la ciudad.
Mientras tanto, la polémica sigue creciendo y vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en Comodoro: quién debe decidir el futuro del patrimonio construido durante más de cien años alrededor del petróleo.
