El proyecto presentado por la diputada Norma Arbilla pone bajo la lupa el cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar cargos de alta jerarquía en el Gobierno del Chubut.
El Proyecto de Ley 089/26, presentado por la diputada Norma Arbilla, vuelve a poner en debate el cumplimiento de la Constitución Provincial y los requisitos exigidos para quienes ocupan cargos de alta responsabilidad dentro del Estado.
La iniciativa plantea interrogantes sobre la situación de distintos funcionarios de la actual gestión de Ignacio Torres, algunos de los cuales tienen bajo su responsabilidad áreas estratégicas y manejan presupuestos millonarios.
Entre los funcionarios señalados se encuentran:
- Alejandro Tullio, Secretario Electoral Permanente de la Provincia del Chubut.
- Pablo Matías Asnaghi, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación del Chubut (ARECh).
- Mario Víctor Tomás Conte, Síndico titular e integrante de la Comisión Fiscalizadora del Banco del Chubut S.A.
- Sergio Wisky, Secretario de Salud de Chubut y anteriormente presidente del ISSyS durante la actual gestión.
- Paulino Caballero, Presidente del Banco del Chubut S.A.
- Nicolás Agustín Ritacco, Vicepresidente 2.º del Banco del Chubut S.A.
- Jennifer Contardi, Subsecretaria de Autotransporte.
La discusión no es menor. Mientras desde el Gobierno provincial se habla permanentemente de transparencia, institucionalidad y respeto por las normas, el proyecto legislativo pone en discusión si esos mismos principios se cumplen a la hora de designar funcionarios en cargos de alta jerarquía.
La Constitución Provincial establece requisitos que deben ser respetados por quienes ejercen determinadas funciones dentro del Estado. Por eso, la pregunta que surge es concreta: ¿se están cumpliendo las condiciones constitucionales para ocupar esos cargos?
La transparencia no puede ser solamente un discurso. El respeto por las instituciones comienza por cumplir las normas básicas que establece la propia Constitución Provincial.
El debate queda ahora planteado en la Legislatura: si las reglas existen, deben cumplirse para todos, incluso para el gobernador y los funcionarios de su propio gobierno.
