En redes sociales comenzó a circular publicidad que invita a participar de un sondeo sobre la gestión del gobernador Ignacio Torres, incluso con premios en dinero. La iniciativa generó críticas por el uso de recursos en un contexto de problemas económicos y sociales en Chubut.
En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales anuncios pagos que convocan a participar de una encuesta vinculada a la imagen del gobernador de Chubut, Ignacio Torres. La convocatoria, que incluye incentivos económicos para quienes respondan el cuestionario, generó cuestionamientos sobre el uso de recursos en un contexto complejo para la provincia.
La publicidad invita a los usuarios a completar un sondeo sobre la percepción pública del mandatario provincial. Como incentivo, se ofrecen premios en dinero entre quienes participen, una estrategia habitual en este tipo de estudios de opinión para aumentar la cantidad de respuestas.
Sin embargo, la difusión de esta campaña despertó críticas en distintos sectores, que consideran inoportuno destinar recursos a mediciones de imagen en medio de un escenario marcado por dificultades económicas, reclamos por falta de obras y problemas en distintos servicios públicos.Chubut atraviesa actualmente un período de tensión social y económica, con sectores productivos afectados por la caída de la actividad, conflictos laborales y demandas por mejoras en infraestructura en varias ciudades de la provincia.
En ese contexto, la aparición de encuestas pagas vinculadas a la imagen del gobernador fue interpretada por algunos sectores como una señal de que el gobierno provincial prioriza acciones de comunicación y marketing político en lugar de concentrarse exclusivamente en la gestión de los problemas más urgentes.
Desde los espacios críticos sostienen que, frente a las dificultades que atraviesan muchas familias chubutenses, los recursos públicos deberían destinarse a políticas concretas que permitan mejorar la situación económica, fortalecer los servicios y avanzar con obras necesarias para la provincia.
La polémica vuelve a poner en debate el uso de fondos vinculados a comunicación institucional y estrategias de posicionamiento político, en un momento en el que buena parte de la sociedad reclama respuestas más directas a los problemas cotidianos.
