Un pedido de coima en criptomonedas, una demanda en Estados Unidos y un acuerdo millonario que deja más sombras que certezas sobre el manejo del Estado en tiempos de Milei
El gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo foco de tensión política y judicial tras el estallido de un escándalo que atraviesa el corazón del poder en la Patagonia. Se trata del denominado “affaire del langostino”, revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, que involucra a funcionarios del gobierno de Chubut en una trama que mezcla negocios pesqueros, denuncias internacionales y supuestos pedidos de coimas en criptomonedas. Un cóctel perfecto de dinero, poder y opacidad que vuelve a poner en cuestión la integridad del modelo político y económico impulsado por La Libertad Avanza.
Según el artículo de Alconada Mon, el conflicto se originó en la relación entre el gobierno chubutense de Ignacio Torres y la empresa estadounidense Red Chamber Group, una de las pesqueras más grandes del mundo y operadora de los activos de la ex Alpesca en Puerto Madryn. Esa operación se sostenía mediante un contrato de arrendamiento firmado con la provincia, que le permitía a Red Chamber gestionar la planta de procesamiento de langostino bajo determinadas condiciones de inversión y pago de cánones. Sin embargo, en marzo y abril de 2025 todo se desmoronó: el Ejecutivo provincial decidió rescindir el contrato alegando incumplimientos graves, deudas millonarias y falta de inversiones comprometidas.
Hasta ese punto, la disputa podía interpretarse como un desacuerdo comercial entre una provincia y una multinacional. Pero lo que vino después transformó el caso en una bomba política. En una demanda presentada ante un tribunal federal de California, Red Chamber acusó a Andrés Meiszner —entonces ministro de Economía de Chubut y actualmente Fiscal de Estado— de haberle exigido un pago de 6,5 millones de dólares en criptomonedas “no rastreables” a cambio de permitir que la empresa continuara operando. Según la compañía, ese pedido se realizó durante una reunión mantenida el 3 de abril de 2025 con su CEO local, Marcelo Mou, y representó un acto de extorsión directo desde el propio Estado provincial.
La denuncia forma parte de un litigio más amplio que Red Chamber mantiene en Estados Unidos contra su competidora española Profand por robo de secretos comerciales y conspiración, pero el documento judicial incluye expresamente la acusación contra Meiszner y menciona al gobierno de Chubut. En otras palabras, se trata de una denuncia internacional que nombra de forma directa a un funcionario argentino por un presunto pedido de coima en el ejercicio de sus funciones, un hecho de extrema gravedad institucional que trasciende las fronteras del país y proyecta una sombra sobre la gestión de Torres.
La reacción del gobierno provincial fue inmediata. Meiszner, a través de La Nación, rechazó de manera categórica y absoluta cualquier insinuación que lo vincule con maniobras ilegales. En sus palabras, “jamás participé, autoricé ni toleré ese tipo de prácticas. Esa versión es falsa, carente de sustento jurídico y no constituye una denuncia, ya que no existe causa, expediente, requerimiento fiscal ni presentación judicial alguna en Argentina ni en el exterior contra mi persona o contra el gobierno provincial”. El funcionario insistió en que la única causa que existió en el país —por supuesto espionaje de Profand a Red Chamber— fue desestimada por falta de pruebas, y adelantó que iniciará acciones legales contra quienes lo difamen.
Sin embargo, el daño político ya está hecho. La publicación del artículo de Alconada Mon generó un vendaval de reacciones en redes sociales, donde periodistas especializados en la industria pesquera, como Roberto Garrone, comenzaron a difundir extractos de la demanda y a pedir públicamente la renuncia de Meiszner. Usuarios de Chubut sumaron sus voces con duras críticas al gobernador Ignacio Torres, exigiendo explicaciones y transparencia frente a un acuerdo que, lejos de aclarar el panorama, terminó sellando un pacto que muchos interpretan como un cierre a medida del poder político.
El desenlace del escándalo es tan abrupto como inquietante. Tras el escándalo judicial, las partes involucradas llegaron a un acuerdo extrajudicial: Red Chamber abandonará los activos de la ex Alpesca en Puerto Madryn, pero instalará una nueva planta en el Parque Industrial de Trelew con inversiones millonarias. Ambas partes desistirán de todos los reclamos y litigios mutuos, y el tema quedará cerrado. Lo que debería haber sido una investigación exhaustiva sobre la posible corrupción estatal termina, así, en un convenio que deja más dudas que certezas y que parece blindar las responsabilidades de los funcionarios implicados.
Lo más alarmante es que este caso no puede analizarse de manera aislada. Ocurre en el marco de un país donde el gobierno nacional promueve una desregulación absoluta de la economía, desmantela organismos de control y celebra la supuesta “libertad de mercado” como dogma incuestionable. Pero en la práctica, lo que emerge es una tierra fértil para el negocio sucio, la opacidad y los acuerdos por debajo de la mesa. La denuncia contra Meiszner no solo golpea a la administración de Torres: expone el talón de Aquiles del modelo libertario de Milei, que bajo el discurso de la eficiencia y el fin del Estado termina consolidando un poder económico sin contrapesos y con márgenes cada vez más amplios para la corrupción.
La mención a criptomonedas agrega otro nivel de complejidad al escándalo. El supuesto pedido de 6,5 millones de dólares en “B-money” —activos digitales imposibles de rastrear— es un detalle que sintetiza a la perfección el espíritu de época: la fusión entre el Estado y los circuitos financieros paralelos que Milei promueve como símbolo de modernidad. En un país donde el Presidente declara que el dinero físico es un anacronismo y que el mercado todo lo regula, las fronteras entre legalidad e ilegalidad se vuelven difusas. El mismo gobierno que proclama la transparencia del “capitalismo sin Estado” parece convivir cómodamente con estructuras opacas y mecanismos que facilitan el lavado de fondos.
A esta altura, la pregunta que surge es evidente: ¿qué significa un “acuerdo extrajudicial” cuando en el trasfondo hay una denuncia por extorsión y coimas? ¿Es una resolución legítima o una forma elegante de enterrar un caso incómodo? La salida de Red Chamber de Puerto Madryn podría leerse como una derrota política para el gobierno chubutense, pero también como un pacto de impunidad, en el que todos ganan menos la ciudadanía. La empresa obtiene su permiso para seguir operando sin conflictos, los funcionarios se desligan de cualquier investigación judicial y el sistema político mantiene intacta su red de favores y silencios.
El silencio oficial refuerza esa sospecha. Ni el gobernador Torres ni el propio Meiszner publicaron declaraciones en sus redes sociales tras el estallido mediático. En tiempos donde un simple tuit suele ser el instrumento preferido de defensa política, el mutismo de los protagonistas resulta elocuente. El caso se viralizó y alcanzó a miles de usuarios, pero el poder provincial se refugió en el silencio, una estrategia clásica cuando el escándalo toca fibras sensibles.
Más allá de las responsabilidades individuales, el “affaire del langostino” revela el deterioro ético del Estado argentino bajo el paradigma ultraliberal. Mientras Milei proclama que el mercado reemplazará al Estado, los hechos demuestran que el vacío institucional solo multiplica la corrupción. Cuando se desmantelan los controles, se recortan los presupuestos de la Justicia y se privatizan los mecanismos de fiscalización, los poderosos hacen negocios con total impunidad. En ese contexto, un pedido de coima en criptomonedas no parece un hecho aislado, sino el resultado lógico de un modelo político que entiende la gestión pública como un botín transaccional.
También es necesario subrayar la contradicción central de este escándalo: el discurso anticorrupción del gobierno de Milei se desmorona ante cada episodio concreto. Mientras el Presidente acusa a los sindicatos, a las universidades y a los organismos públicos de ser “cuevas de corrupción”, sus propios aliados provinciales son señalados por prácticas que superan cualquier ficción. El caso de Chubut es paradigmático: se desmantela el Estado en nombre de la eficiencia, pero las coimas, los contratos amañados y los acuerdos secretos siguen fluyendo como siempre. Solo que ahora lo hacen sin la menor intención de rendir cuentas.
El acuerdo final entre Red Chamber y el gobierno de Torres, firmado en el más absoluto hermetismo, deja una enseñanza amarga: en la Argentina actual, los conflictos de interés no se resuelven en tribunales, sino en escritorios cerrados donde el dinero digital circula sin dejar huellas. El relato libertario del “Estado mínimo” termina siendo una coartada para la corrupción máxima. Y mientras los funcionarios se amparan en tecnicismos legales, los ciudadanos quedan a merced de un sistema político cada vez más opaco y distante.
El “affaire del langostino” no solo desnuda una trama local de poder, sino que pone en evidencia el riesgo sistémico de un país gobernado bajo la lógica del mercado absoluto. Lo que ocurre en Chubut puede replicarse en cualquier provincia: empresas extranjeras que operan sin control, funcionarios que negocian sin escrúpulos y gobiernos que, en lugar de defender los intereses nacionales, se convierten en intermediarios de negocios privados. Es el espejo del presente argentino, donde la corrupción se disfraza de eficiencia y la impunidad se firma con criptomonedas. Fuente EnOrsai
