El reconocido constitucionalista Raúl Heredia afirmó que la Constitución de Chubut otorga fueros a los miembros electivos y que la defensa tiene sustento legal para pedir la nulidad, ya que Issa es integrante del Tribunal de Cuentas Municipal. La irregularidad del procedimiento incluso podría derivar en un juicio político contra el fiscal y el juez de la causa. Además, consideró que la política se metió en la causa: «El operativo de cruzar vehículos, el despliegue cinematográfico, no está dentro de los principios constitucionales. Ni siquiera había orden de detención o captura. Esto se hizo por fines políticos en tiempos electorales».
El abogado constitucionalista Raúl Heredia analizó la situación judicial del contador Issa Pfister, sometido a un allanamiento en Comodoro Rivadavia y secuestro de su teléfono. La defensa presentó un pedido de nulidad de todo lo actuado, argumentando que el funcionario tiene fueros por haber sido electo en 2023 para integrar el Tribunal de Cuentas Municipal y ello da por nulo todo lo actuado.
Heredia confirmó que ese planteo tiene fundamento: «La Constitución de Chubut, desde 1957, consagró fueros también para los miembros de las corporaciones municipales. Esa doctrina se mantuvo en la reforma de 1994. De manera que, al haber sido electo en el ámbito de una elección municipal, Issa contaba con esos fueros. El procedimiento constitucional no se ha observado».
El especialista recordó que incluso el Código Penal tipifica como delito la violación de fueros en su artículo 242, y que este aspecto debería haber sido tenido en cuenta por fiscales y jueces.
Respecto a la actuación judicial, cuestionó la forma en que se llevaron adelante los procedimientos: «El operativo de cruzar vehículos, el despliegue cinematográfico, no está dentro de los principios constitucionales. Ni siquiera había orden de detención o captura. Esto se hizo por fines políticos en tiempos electorales».
Heredia señaló que la causa tiene varios años de antigüedad y que su reactivación responde a un contexto electoral: «Se pone en marcha ahora porque no le está yendo bien a la candidata oficialista en las encuestas. Está claro que la política se metió de lleno en la justicia».
También apuntó contra la insistencia en abrir el teléfono secuestrado: «Incluso cuando el juez había concedido una prórroga, cambió su decisión horas después. Esa celeridad genera dudas. Así, el Juez (Odorisio) y el fiscal (Cristian Olazabal) corren el riesgo de caer en figuras penales como abuso de autoridad o violación de la Constitución».
«Los fueron no impiden investigación ni condena, sino que protegen frente a detenciones arbitrarias como podría ser este caso»
Finalmente, subrayó que los fueros no impiden la investigación ni una eventual condena, sino que protegen frente a detenciones arbitrarias: «La inmunidad es de arresto, no de proceso. El juicio puede iniciarse, avanzar y hasta dictar sentencia. Pero para detener a una persona con fueros hay que cumplir el procedimiento constitucional. Si no, todo lo actuado se invalida por la doctrina del ‘fruto del árbol prohibido'».
Heredia cerró con una advertencia: «El procedimiento no está bien hecho. Puede derivar en nulidades e incluso en responsabilidades penales para jueces y fiscales».
