El diputado nacional Juan Pablo Luque, integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, valoró la decisión de la oposición de impulsar audiencias públicas para debatir la modificación de la Ley de Glaciares y evitar un tratamiento acelerado del proyecto.
El legislador destacó el rol de los diputados de Unión por la Patria en la comisión para “frenar el tratamiento exprés con el que venía empujando el gobierno estas leyes durante el período de sesiones extraordinarias”.
Luque recordó que la iniciativa que modifica la Ley de Glaciares “llega con media sanción del Senado con un debate casi nulo”, pero señaló que con el inicio del período de sesiones ordinarias se logró garantizar la realización de audiencias públicas, tal como establece el Acuerdo de Escazú. Según indicó, ese procedimiento no fue respetado durante el tratamiento en la Cámara Alta.Para el diputado, la normativa vigente “pone límites a la megaminería y protege nuestras reservas de agua”, un recurso que consideró especialmente sensible en la región, donde ya se perciben los efectos del cambio climático en la cuenca.
En ese marco, el plenario de comisiones resolvió convocar audiencias públicas para los días 25 y 26 de marzo. Serán abiertas, inclusivas y federales, con participación tanto presencial como remota, y quienes deseen intervenir podrán inscribirse hasta 24 horas antes de cada jornada.
Luque sostuvo además que la propuesta de modificación “disfrazada de falso federalismo cambia el eje científico del análisis de los recursos hídricos”, lo que consideró un riesgo para las cuencas de ríos que nacen en otras provincias y que abastecen a Chubut.“La ley actual prioriza la evaluación científica para proteger el recurso por sobre los intereses que puedan existir, incluso los del propio gobernador. Hoy, si quisieran habilitar la megaminería en la cordillera en la zona periglacial que abastece la cuenca del Senguer, que provee el agua a Comodoro Rivadavia, no podrían hacerlo. Si avanza esta modificación, la desprotección es total”, afirmó.
Finalmente, remarcó que “Chubut es una provincia mayormente árida que depende de una administración muy cuidadosa del agua” y advirtió que el proyecto afectaría el principio de no regresión establecido en el Acuerdo de Escazú, que impide retroceder en los niveles de protección ambiental.
“Tenemos una posición clara y es importante que la ciudadanía conozca las intenciones del gobierno sobre un tema que es clave para la vida. Sin agua no hay desarrollo ni futuro posible y no vamos a poner en riesgo este recurso para quienes habitamos la provincia, la región y el país”, concluyó.
