El ex ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, presentó una denuncia penal contra el gobernador Ignacio Torres, el actual Fiscal de Estado Andrés Meiszner y otros funcionarios que pudieran resultar responsables, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Chubut y solicita que se investigue un presunto esquema mediante el cual el Estado provincial habría financiado con fondos públicos la extinción de vínculos laborales de trabajadores vinculados al conflicto de la empresa Red Chamber y la planta ex Alpesca.
Según la denuncia, el Gobierno provincial habría impulsado un modelo de acuerdos individuales encuadrados en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, conocido como distracto por voluntad concurrente, para cerrar la relación laboral de trabajadores que quedaron fuera del circuito laboral tras el conflicto.
De acuerdo con lo expuesto en el escrito, esos acuerdos habrían incluido pagos provinciales “totales, únicos y definitivos” en cuotas, junto con renuncias amplias de los trabajadores a futuros reclamos y la liberación de responsabilidades para las empresas involucradas, entre ellas Alpesca, Red Chamber y Pesquera Deseado, además de la propia Provincia.
La denuncia también sostiene que esos convenios habrían contemplado la cesión a favor del Estado provincial de los créditos que los trabajadores pudieran tener en el juicio de expropiación de Alpesca, condicionando el eventual recupero del dinero a ese proceso judicial.
Massoni señala que, según información pública citada en la presentación, el modelo de acuerdo habría sido suscripto por autoridades provinciales, representantes sindicales y trabajadores individuales con patrocinio letrado, y que habría intervenido el Fiscal de Estado Andrés Meiszner, junto con el Comité de Administración designado por el Decreto 1390/25, el secretario de Trabajo Nicolás Zárate y representantes del sindicato STIA.
En la denuncia también se menciona que el Gobierno provincial habría otorgado un aporte económico de 33.500.000 pesos al sindicato STIA, destinado a asistir a 67 trabajadores vinculados a Red Chamber y ex Alpesca, con pagos individuales de 500.000 pesos, medida que habría sido instrumentada mediante el Decreto N.º 44 del 12 de enero de 2026.
El escrito sostiene que estas intervenciones financieras del Estado se dieron en el marco de un conflicto mayor que incluyó la rescisión del contrato con la empresa Red Chamber, luego de que el Gobierno provincial la intimara a restituir los bienes de la ex Alpesca antes del 30 de septiembre de 2025, según se habría establecido en el Decreto N.º 1052.
Presunto pedido de coima mencionado en un expediente en Estados Unidos
La denuncia también incorpora un hecho que califica como de “máxima gravedad institucional”. Según lo expuesto, publicaciones periodísticas que citan un expediente judicial presentado el 30 de septiembre de 2025 ante la Corte Federal del Distrito Central de California (Estados Unidos) describen una reunión en Buenos Aires en la que se habría mencionado un presunto pedido de pago ilegal por 6,5 millones de dólares, denominado “B-money”.
De acuerdo con lo señalado en el escrito, esa reunión habría ocurrido el 3 de abril de 2025 en el Hotel Alvear Art de Buenos Aires y habría contado con la participación del entonces ministro de Economía provincial —actual Fiscal de Estado— y del presidente de Red Chamber Argentina.
Según la versión citada en la denuncia, el pago habría sido planteado como condición para permitir la continuidad operativa y la adquisición de activos, aunque la empresa habría rechazado esa propuesta por considerar que podía violar la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) de Estados Unidos.
Massoni aclaró en la presentación que no solicita que la Justicia dé por acreditado ese hecho, sino que sea investigado mediante cooperación internacional, requiriendo copia del expediente judicial estadounidense para verificar el contenido de la acusación.
Delitos que pide investigar
En la denuncia se solicita investigar la posible comisión de distintos delitos, entre ellos administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y posibles hechos de cohecho o exacciones ilegales.
El ex ministro también pidió una serie de medidas de prueba, entre ellas la obtención de expedientes administrativos, decretos, acuerdos firmados, dictámenes de organismos provinciales, informes del Tribunal de Cuentas, testimonios de funcionarios, sindicalistas y trabajadores, además de una pericia contable para determinar el monto total de fondos públicos utilizados.
En el cierre de la presentación, Massoni solicitó al Ministerio Público Fiscal la apertura de una investigación penal y la adopción de medidas urgentes para preservar la documentación y los registros vinculados al caso.
