La iniciativa busca evitar que los costos recaigan sobre el Estado, garantizar la reparación de pasivos ambientales y generar empleo a través de las tareas de cierre y recuperación de áreas hidrocarburíferas.
El diputado nacional José Glinski (Unión por la Patria) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca obligar a las empresas petroleras a hacerse cargo del cierre de pozos y de la remediación ambiental de las áreas que abandonan.
La propuesta, denominada Ley de Presupuestos Mínimos para la Remediación de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos y Transición Energética Justa, apunta a cubrir lo que el legislador definió como un vacío normativo histórico en Argentina, al no existir actualmente una ley nacional específica que regule los pasivos ambientales generados por la actividad hidrocarburífera.“Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina”, sostuvo Glinski.
Qué propone el proyecto
La iniciativa establece presupuestos mínimos de protección ambiental sin modificar las competencias que las provincias tienen sobre sus recursos naturales.
Entre los principales puntos contempla la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, financiado por aportes obligatorios de las empresas concesionarias, además de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos de acceso público.También prevé la implementación de garantías financieras obligatorias para cubrir tareas de abandono, cierre, remediación y monitoreo de los pozos, así como la responsabilidad de las operadoras incluso en casos de venta de áreas, cesión, quiebra o disolución de las compañías.
Además, incorpora un régimen específico para la transferencia de áreas hidrocarburíferas que exige auditorías técnicas independientes y acreditación de solvencia económica de quienes asuman las concesiones.
La situación de Chubut
Glinski señaló que el proyecto surge en un contexto marcado por el retiro de operadoras de áreas convencionales en distintas cuencas del país.Entre los ejemplos mencionó el acuerdo firmado entre la Provincia y YPF por el área Restinga Alí, así como el traspaso de áreas petroleras a otras empresas con pasivos ambientales asociados.“Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos”, afirmó.
Empleo y transición energética
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación del concepto de transición energética justa, que propone convertir las tareas de cierre y remediación en una fuente de empleo para trabajadores petroleros y comunidades vinculadas históricamente a la actividad.
“El cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo. Implica ingeniería, monitoreo técnico, sellado, restauración ecosistémica y seguimiento durante años”, explicó el diputado.
En ese sentido, sostuvo que esas tareas pueden transformarse en una oportunidad para sostener la actividad económica en las cuencas petroleras y evitar que los costos ambientales terminen siendo afrontados por el Estado.
“Las petroleras tienen que hacerse cargo de los costos que generan. Queremos proteger el trabajo, cuidar el ambiente y evitar que los recursos públicos financien obligaciones que les corresponden a las empresas. Si la riqueza salió de la Cuenca, los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca”, concluyó.
