El organismo de control realizó observaciones sobre contrataciones de organismos provinciales con consultoras vinculadas a Gastón Douek. Smart Consumer, Prosumia, Adyouwish y FBR aparecen en distintos expedientes. En 2024, cuatro contratos de comunicación y publicidad habían alcanzado los $1.500 millones.
El Tribunal de Cuentas de Chubut comenzó a realizar observaciones sobre distintas contrataciones vinculadas a comunicación, publicidad e imagen del Gobierno provincial y organismos dependientes del Estado. Los reparos aparecen en dictámenes emitidos el 27 de marzo y apuntan, entre otras cuestiones, a procedimientos de excepción, falta de propuestas económicas, documentación incompleta y acreditación de disponibilidad presupuestaria.
El esquema de contrataciones comenzó a tomar dimensión durante 2024, cuando el Gobierno provincial recurrió a contrataciones directas con empresas dedicadas a servicios de comunicación. Las resoluciones fueron formalizadas el 28 de mayo de ese año, aunque establecieron prestaciones desde el 1° de abril hasta el 31 de diciembre.
Entre las empresas aparece Smart Consumer S.A., vinculada al consultor Gastón Douek y al consultor y lobbista Guillermo Seita. También figura Matías Macera, uno de los responsables de Prosumia, consultora que, según la información difundida, realizó capacitaciones para integrantes del área de Prensa del Gobierno provincial.
Douek tiene antecedentes dentro del ámbito de la comunicación política digital. En una entrevista publicada por La Nación en 2019 habló sobre campañas digitales y el uso de cuentas automatizadas. Posteriormente, distintas investigaciones periodísticas señalaron su presunta vinculación con operaciones digitales y estructuras de trolls.
Un informe realizado por las organizaciones Ruido y Connectas y publicado por Chequeado relevó a Smart Consumer y Prosumia como proveedoras de pauta oficial en distintas provincias, entre ellas Chubut. El relevamiento también menciona contratos en Córdoba, Catamarca, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco.
Contratos millonarios
En 2024, cuatro resoluciones del Gobierno provincial formalizaron contrataciones que, en conjunto, alcanzaron los $1.500.000.003 por nueve meses de servicios de comunicación y publicidad.
La Resolución 131 autorizó una contratación directa con Smart Consumer por $543.400.002 para un servicio integral de comunicación.
La Resolución 132 estableció un contrato con P&P Social Media SRL por $314.600.004, mientras que la Resolución 133 volvió a contratar a Smart Consumer por $203.499.999 para servicios de comunicación y publicidad.
Finalmente, la Resolución 134 autorizó una contratación con Adyouwish SRL por $438.499.998.
Luego de esas contrataciones, los contratos dejaron de aparecer publicados de la misma manera en el Boletín Oficial. Sin embargo, los dictámenes del Tribunal de Cuentas muestran que continuaron existiendo contrataciones con empresas vinculadas a este esquema.
Las observaciones del Tribunal de Cuentas
En marzo, el organismo de control analizó una contratación de Chubut Turismo con Smart Consumer, bajo la denominación comercial Prosumia, por un servicio de publicidad digital previsto entre marzo de 2026 y marzo de 2027.
El Tribunal aclaró que se trataba de una nueva contratación y no de una renovación del vínculo anterior. Entre sus observaciones, señaló que el expediente no contaba con una comunicación de la empresa que acreditara su voluntad de establecer la nueva relación contractual y reclamó una propuesta con las condiciones generales y técnicas, los valores ofrecidos y la documentación societaria actualizada.
También indicó que las constancias presupuestarias incorporadas no eran suficientes para acreditar la imputación preventiva del gasto.
Ese mismo día, el organismo analizó otra contratación de Chubut Turismo, esta vez con Adyouwish SRL. Allí cuestionó el procedimiento de excepción y consideró insuficientes los fundamentos para justificarlo. También observó la ausencia de una propuesta económica con sus condiciones y especificaciones técnicas, además de actas sin las firmas correspondientes y la necesidad de acreditar la disponibilidad presupuestaria.
Un planteo similar apareció en el expediente correspondiente a FBR S.A., una productora de contenidos propiedad de Fernando Gabriel Capria. El Tribunal señaló que la documentación presentaba una “total simetría” con el expediente de Adyouwish y volvió a marcar deficiencias vinculadas con el procedimiento de excepción, la propuesta económica y técnica, las firmas de las actas y la disponibilidad presupuestaria.
El cuarto dictamen volvió a involucrar a Smart Consumer, bajo la denominación Prosumia, en este caso por publicidad digital para el Instituto de Asistencia Social (IAS). El organismo remarcó nuevamente que, al tratarse de una nueva contratación, debía existir un expediente con los antecedentes correspondientes y reclamó documentación societaria actualizada, una propuesta concreta de la empresa y una acreditación suficiente de la imputación preventiva del gasto.
Un mismo patrón
Los tres expedientes correspondientes a Chubut Turismo presentan observaciones similares: procedimientos de excepción cuya justificación no aparece suficientemente acreditada, propuestas económicas incompletas o ausentes y cuestionamientos sobre la disponibilidad presupuestaria.
Pese a estos reparos, el Tribunal de Cuentas no frenó las contrataciones. En sus dictámenes sostuvo que no le corresponde sustituir los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de los organismos y dejó la continuidad de los trámites bajo responsabilidad de las autoridades correspondientes.
Las resoluciones llevan las firmas del presidente del Tribunal de Cuentas, Martín Meza, y de los vocales Sergio Camiña, Liliana Underwood, Pablo San Pedro y Tomás Maza.
La información disponible hasta el momento no registra las respuestas de los organismos involucrados frente a las observaciones realizadas por el Tribunal.
Un punto central de la información es que no existe acreditación, en los documentos analizados, de que Smart Consumer o empresas vinculadas hayan utilizado fondos públicos de Chubut para crear cuentas falsas u operaciones de desinformación. Esa relación específica no está demostrada, aunque el esquema de contrataciones y las observaciones del organismo de control abren un nuevo interrogante sobre el destino de los fondos públicos destinados a comunicación y publicidad en la provincia.
